Imagino que tendrán ustedes curiosidad por saber qué ocurrió, al final, con aquella banda de carteristas bosnias a las que, tras una escandalosa reincidencia delictiva, hoy detenidas y mañana en la calle, un juez prohibió el acceso al Metro de Madrid. Quizá recuerden que el arriba firmante se guaseaba de la medida, preguntándose qué ocurriría cuando esas prójimas se pasaran la decisión judicial por la bisectriz del chichi. Pero no ha hecho falta. La decisión no llegó a tener efecto, porque la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en aplicar la ley irreprochablemente, sin casarse con nadie y sin que le tiemble el pulso -algún día contaré una nauseabunda experiencia personal relacionada con ese digno lugar-, ha tumbado la anterior decisión judicial, sentenciando que la banda de carteristas, y supongo que cualquier otra agrupación cultural de características semejantes, puede acceder a las instalaciones del Metro cuando le salga. Y punto. El derecho de libre circulación y uso de servicios públicos prima sobre cualquier otra circunstancia, etcétera. Con lo que las bosnias podrán seguir cometiendo delitos y faltas de hurto con perfecta impunidad, exhibiendo incluso el texto de la Audiencia Provincial de Madrid ante sus víctimas y ante la policía -supongo que lo llevarán plastificado para más comodidad- a fin de dejar las cosas claras y el chocolate espeso. Aunque lo que de verdad lo pone estupendo a uno, en la resolución, es un detalle delicioso: una de las causas por las que se tumba la anterior decisión de alejamiento del Metro es que ni en el atestado policial ni en el auto del juzgado de Instrucción n.º 47 de Madrid se identificaba a las personas a las que debía proteger dicha medida. Léanse el anterior párrafo otra vez, despacio. Y en efecto: eso, dicho en claro, significa que ni los policías que detuvieron 330 veces a las bosnias, con sus correspondientes 330 diligencias, ni el auto del juez que dictó la orden, detallaban los nombres y apellidos de todos los viajeros del Metro a los que se pretendía proteger con dicha medida. Por consiguiente, la cosa era excesiva y atropellaba los derechos de las desvalidas delincuentes, privándolas de un servicio de transporte «esencial», según la resolución. Que también ellas tienen sus derechos, oigan. Y sus corazoncitos.
Arturo Pérez-Reverte
XL Semanal
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